Ciudad de México. Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado aprobó ayer cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor a fin de castigar con fuertes multas a las empresas que incurran en acoso telefónico contra ciudadanos con fines comerciales o publicitarios.
La reforma, aprobada con 96 votos a favor y cero en contra, establece una multa mínima de 56 mil 570 pesos, que puede alcanzar 2 millones 400 mil pesos, para evitar que representantes de bancos, aseguradoras y otros prestadores de servicios insistan en ofrecer sus productos, aun cuando los afectados hayan expresado su negativa.
La senadora del PAN Mayuli Latifa Martínez, autora de la iniciativa, expresó en tribuna que se prohíbe estrictamente realizar llamadas o enviar publicidad por cualquier otro medio, de forma reiterada, persistente y sin autorización expresa, a fin de proteger la privacidad de los consumidores.
Agregó que la tranquilidad de los ciudadanos no debe depender de rechazar una y otra vez ofertas telefónicas que se convierten en acoso.
Ya no podrán marcar una y otra vez el teléfono de ningún particular quienes ofrecen una tarjeta de crédito, un préstamo, un seguro de vida o cualquier otro producto comercial sin respetar ni horarios ni tiempos, “sin nuestro permiso expreso”, comentó la senadora del PVEM María del Rocío Corona.
Protección a la privacidad
El dictamen plantea modificar los artículos 18 bis y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que refuerzan la privacidad y establecen un mecanismo de sanción realmente disuasivo para las empresas, ya que ese acoso es un problema que afecta a millones de mexicanos.
Datos de la aplicación Truecaller, ubican a México entre los países con mayor número de llamadas no deseadas, con un promedio de 20 a 25 por usuario al mes.
En la exposición de motivos, se resalta que esto no solamente constituye una molestia, sino que puede incrementar la vulnerabilidad de las personas frente a posibles estafas.
Otra modificación es establecer expresamente que los proveedores que sean objeto de la publicidad serán corresponsables del manejo de la información de los consumidores, pese a ser enviada mediante terceros.
Fuente: La Jornada